Aprobada en 1989 y ratificada por Chile en 1990, este tratado impone una serie de compromisos para el pleno respeto y garantía de los derechos de que son titulares niños, niñas y adolescentes, concebidos como sujetos/as plenos/as de derechos, a la vez que de especial protección, desde la óptica de derechos humanos.