Derechos Económicos, Sociales y Culturales

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Browsing Derechos Económicos, Sociales y Culturales by Subject "DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES"
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    Cartilla Informativa: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
    ( 2015-12) Instituto Nacional de Derechos Humanos ;
    Aprobado por Naciones Unidas en 1966 y ratificado por Chile en 1972, el PIDESC alude a la serie de garantías que tienen por objetivo lograr una permanente y progresiva mejora en las condiciones de desarrollo de las personas y los pueblos. Entre estos derechos se encuentran la vivienda, la salud, la educación, el trabajo y las condiciones laborales, el ocio y la recreación, el acceso a la cultura y los bienes culturales y del progreso científico, entre otros.
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    Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Economía y Democracia
    ( 2004-12) CEPAL
    El presente documento, contiene la edición de una parte de las discusiones sostenidas en el Foro sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), auspiciado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Fundación Social, y que tuvo lugar en Bogota en noviembre de 2001. Los participantes en este foro, provienen de distintas disciplinas, son abogados, economistas, administradores públicos, sociólogos, historiadores, filósofos y periodistas. Se desempeñan en distintas actividades en el sector público, la academia, la rama judicial, ONG y organismos internacionales, y no todos comparten la misma aproximación teórica a los temas del derecho, la política o la economía. Esta relación de las discusiones comienza mostrando los contrastes entre los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y los derechos civiles y políticos. A continuación se hace una breve descripción de los esquemas internacionales de protección de los DESC. Enseguida se presentan dos de las grandes controversias de la discusión, una referida a la relación entre los derechos y los distintos poderes públicos, donde se abordan temas como la democracia, la justicia y la política; la otra, desde una óptica de derechos, la evaluación de las políticas económicas públicas que pueden dar lugar al mejoramiento o al deterioro de las condiciones de satisfacción y de garantía de los DESC. Este documento cierra con una breve reflexión en torno al derecho a la educación.
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    Lineamientos Para la Elaboración de Indicadores de Progreso en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
    ( 2008-07-19) CIDH
    En el presente documento se exponen una serie de lineamientos desarrollados por la Comisión para la evaluación y monitoreo de derechos económicos, sociales y culturales previstos en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales – Protocolo de San Salvador. Se busca de esta forma, proveer a los Estados Partes, a las demás organizaciones del Sistema Interamericano, y a la sociedad civil, de una herramienta que sirva de base para la presentación de los informes del Protocolo, pero también para el diseño de un mecanismo interno de evaluación permanente para cada Estado Parte. Consisten en lineamientos metodológicos que no pretenden ser acabados, sino lo suficientemente amplios y abiertos para permitir la incorporación de ajustes y variaciones que den cuenta de los diversos contextos locales y regionales, buscando adecuar metas, indicadores y señales de progreso cualitativas a las distintas realidades y en un contexto participativo amplio y de rigurosa transparencia metodológica.
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    Objetivos de Desarrollo del Milenio. La Progresión Hacia el Derecho a la Salud en América Latina y el Caribe
    ( 2008-11) CEPAL
    Con la coordinación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), todos los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas con presencia en la región aunaron esfuerzos en 2005 para lograr una visión sistemática, integrada y compartida de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el presente informe coordinado por la CEPAL, la Organización Panamericana de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, con el auspicio de otros organismos de las Naciones Unidas, revisan los logros y obstáculos en el avance hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud para indagar en sus causas y evaluar cuáles serían las iniciativas adicionales requeridas para cumplir cabalmente con los compromisos. Las enormes diferencias existentes en esta materia en el seno de los países tienen estrecha vinculación con los diversos gradientes de las desventajas sociales. Dejar la salud librada al destino de las personas supone riesgos y costos individuales muy altos. Además, avanzar hacia la equidad en materia de salud promueve el desarrollo económico, ya que las inversiones en esta área contribuyen a estimular la productividad y la prosperidad en la medida en que se busca que los beneficios del desarrollo económico se distribuyan con grados razonables de justicia. De acuerdo con una definición normativa clásica (Whitehead, 1991), las inequidades en materia de salud constituyen diferencias innecesarias, evitables e injustas. De allí que los Objetivos de Desarrollo del Milenio y sus indicadores sean tan importantes. Al sentar un "mínimo civilizatorio" para el bienestar de todos los ciudadanos, estos Objetivos fijan un derrotero y un plazo para brindar más oportunidades a quienes no las han tenido y -en tanto imperativo ético- convocan energías solidarias en torno a políticas públicas que permitan su concreción. De 1990 a 2007 -período que comprende las dos terceras partes del establecido para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio- América Latina y el Caribe registró notables progresos en la salud de su población, sobre todo de la niñez. La mortalidad en esta franja etaria disminuyó notoriamente (en 2007 era la menor del mundo en desarrollo y su descenso el más acelerado de todas las regiones) y aumentó la esperanza de vida al nacer. Sin embargo, los promedios regionales ocultan grandes disparidades entre países, ya que la situación en los más rezagados es heterogénea y algunos ni siquiera se acercan al cumplimiento de la meta. En su antípoda, debido a los retos específicos que implica disminuir una mortalidad infantil baja, la correlación positiva entre el nivel de la mortalidad infantil en 1990 y su porcentaje de reducción entre 1990 y 2007 es casi nula. Por otra parte, si bien la mortalidad materna se redujo en el período 1997-2005, se observa un virtual estancamiento del número absoluto de muertes maternas que es motivo de preocupación y evidencia la necesidad de adoptar medidas adicionales. La atención prenatal y del parto permite identificar situaciones y países que requieren mejoras sustanciales, aunque un determinado umbral de atención del parto no garantiza por sí solo la disminución de la mortalidad materna, ya que esta también depende de la efectividad y calidad de los servicios de salud y de otros factores socioeconómicos y ambientales.
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    Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos y Sociales
    ( 1976-01-03) Naciones Unidas
    Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos y Sociales
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    Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”
    ( 1988-11-17) OEA
    Los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos humanos esenciales del hombre; Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos; Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros; Reconociendo los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación entre los Estados y de las relaciones internacionales; Recordando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos; Teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales han sido reconocidos en anteriores instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional, resulta de gran importancia que éstos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar en América, sobre la base del respeto integral a los derechos de la persona, el régimen democrático representativo de gobierno, así como el derecho de sus pueblos al desarrollo, a la libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y considerando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que pueden someterse a la consideración de los Estados partes reunidos con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos proyectos de protocolos adicionales a esa Convención con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades.
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    Redistribuir el cuidado : el desafío de las políticas públicas
    ( 2013-10-09) CEPAL ; Calderón Magaña, Coral
    En este documento se explican las desigualdades que se desprenden del actual desequilibrio y los desafíos para superarlas. La CEPAL presenta aquí una revisión crítica de los logros alcanzados en la integración del trabajo no remunerado a las políticas de protección social en la región, con énfasis en la redistribución de las tareas de cuidado en la sociedad, así como en propuestas para mejorar el desarrollo productivo con igualdad social. Los avances y retrocesos en igualdad de género, así como los nuevos conflictos y necesidades que surgen a partir de estos modelos se analizan en una serie de artículos cuyo eje es la redistribución del cuidado en la sociedad.