Informe Sobre Proyecto de Ley Establece Normas de Reconocimiento y Protección de los Derechos Fundamentales de las Personas con Enfermedad o Discapacidad Mental - Boletines N°10.755-11 y N°10.563-11 Refundidos

Abstract

El proyecto declara como principal objetivo “hacer posible la garantía judicial de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad o discapacidad mental, en especial sus derechos a la libertad personal, integridad física y psíquica, a la protección contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como su derecho al cuidado sanitario, por cuanto, declara la iniciativa, nuestra legislación “regula incorrectamente la internación involuntaria, permite el sometimiento a tratamientos médicos invasivos e irreversibles sin consentimiento, desconoce el derecho a la autonomía personal y la presunción de capacidad de este grupo humano, así como su derecho a la no discriminación”. Como consecuencia de lo anterior, el proyecto busca: asegurar que las personas con discapacidad mental (PcD mental) sean tratadas como capaces, actuando representados legalmente solo cuando sea necesario; reconocer y garantizar sus derechos fundamentales; establecer obligaciones para el Estado respecto a la atención de la salud mental; establecer requisitos y garantías en casos de internación involuntaria de PcD mental; y establecer estándares para la atención en salud mental. De esta forma, el proyecto pone en valor la capacidad de decisión y manifestación de voluntad de PcD mental; establece un procedimiento de internación no voluntaria que incorpora garantías; y entrega a los órganos jurisdiccionales el control de los procedimientos de internación involuntaria, evitando de esta manera posibles situaciones de abuso y vulneración de derechos. Sin perjuicio de los avances anteriormente indicados, como se explicará más adelante, en el proyecto predomina un enfoque médico-rehabilitador de la discapacidad; se mantiene el régimen de sustitución de voluntad de PcD mental en diversas partes de su articulado, que evidencia una confusión en torno a la capacidad jurídica en la toma de decisiones; y no elimina normas existentes en otros cuerpos normativos que mantienen figuras que niegan el derecho a la información de PcD mental, así como aquellas que permiten que estas sean sometidas a procedimientos de carácter invasivo o irreversible sin su consentimiento. El presente informe tiene por objeto entregar la posición del INDH sobre el proyecto, a la luz de los estándares internacionales en derechos humanos, en base fundamentalmente a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPD) y su Protocolo Facultativo, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (instrumentos ratificados por Chile), las Observaciones Generales del Comité de la CDPD (fundamentalmente el No1), las recientes Observaciones Finales del Comité de la CDPD al Primer Informe de cumplimiento de la Convención a Chile (2016), como asimismo los informes anuales del INDH (2011, 2012, 2013, 2014 y 2016) que se han referido a diversos aspectos de los derechos de las personas con discapacidad.