Informe Sobre el Proyecto de Ley que Determina Conductas Terroristas y su Penalidad y Modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal

Abstract

El presente documento analiza el proyecto de ley que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal (Boletín N° 9692-07). Con dicho fin, en primer lugar se procede a repasar los principales estándares de derechos humanos aplicables a la legislación antiterrorista, extraídos desde el marco normativo internacional y su desarrollo realizado por diversos órganos de tratados y tribunales supranacionales. Gran parte de la crítica a la legislación antiterrorista actual, tal cual ha sido expuesta por el INDH en sus Informes Anuales 2010, 2011 y 2012, y en otros documentos de análisis (Minuta sobre reforma a la Ley Antiterrorista, 2011, e Informe Sobre cuestiones a considerar en una Reforma de la Ley Antiterrorista a la luz de la observación de casos realizada por el INDH, 2014), emana de la aplicación de dichos estándares, que en definitiva podemos reconducir siempre a la afirmación de la Comisión IDH en el sentido de que “el objeto y el propósito mismo de las iniciativas contra el terrorismo, en una sociedad democrática, es la protección de las instituciones democráticas, los derechos humanos y el imperio de la ley, no su menoscabo” (Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, OEA/SER.I./V/II.116, 2002). En esta parte, el informe se centra en la definición de delito terrorista, principio de legalidad, garantías judiciales y debido proceso, testigos protegidos y derecho de defensa, secreto de la investigación, libertad personal, detención y prisión preventiva, y finalmente igualdad y no discriminación. Luego de dicha revisión de estándares, el informe se aboca al análisis concreto del proyecto de ley, destacando sus aspectos positivos y centrándose en varias observaciones puntuales principalmente en lo relativo a la definición de “asociación criminal terrorista”, la regulación de casos de “terrorismo solitario”, la situación de los adolescentes, prohibición de beneficios alternativos, las penalidades propuestas y diversos aspectos procesales penales. Para finalizar, se agrega una sección con doce conclusiones que abarcan las principales cuestiones tratadas en el informe.