Informe Sobre Estándares de Derechos Humanos en Materia de Personas Privadas de Libertad, en Relación a Aquellas Sujetas a la Medida Cautelar de Prisión Preventiva y Crisis Sanitaria por COVID-19

Abstract

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró con fecha 11 de marzo de 2020 “pandemia mundial”, al haberse superado los 130.000 casos de contagios confirmados - a esa fecha- de contagios por el virus coronavirus- del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV2), que produce la enfermedad del coronavirus 2019, al cual se ha denominado enfermedad COVID-19 . Así, el 8 de febrero de 2020, se publicó en el Diario Oficial el decreto N° 4, de 2020, del Ministerio de Salud, que declaró alerta sanitaria en todo el país. Adicionalmente, el 18 de marzo de este año, el Presidente de la República declaró Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por calamidad pública, en todo el territorio de Chile, a través del Decreto Supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, disponiendo una serie de medidas destinadas a enfrentar la crisis. Al 31 de diciembre de 2019 en Chile existían aproximadamente 49.554 personas privadas de libertad en 83 Establecimientos Penitenciarios. El tránsito por el encierro suele traer aparejado un deterioro de la salud psicofísica de las personas privadas de libertad, existiendo numerosos factores que contribuyen a una mayor prevalencia e incidencia de ciertas enfermedades y problemas de salud al interior de las cárceles. En el presente informe el INDH entrega su opinión respecto de las privadas de libertad en el contexto de la crisis sanitaria provocada por COVID-19 presentando la regulación de los derechos de las personas privadas de libertad, estándares internacionales sobre libertad personal, presunción de inocencia y prisión preventiva, estándares de derechos humanos en el caso de grupos especialmente protegidos. Finalmente entrega conclusiones en relación a los derechos humanos en materia de personas privadas de libertad, respecto a aquellas sujetas a la medida cautelar de prisión preventiva y crisis sanitaria por COVID-19.